El 23% de las niñas ha sufrido alguna vez vejaciones sexuales

Esto no puede continuar”, dijo este jueves Lara Padilla, abogada y presidenta de la Asociación de Asistencia a Mujeres Agredidas Sexualmente (AADAS). La organización denunció que al trauma de un abuso sexual a un menor, le sigue un proceso judicial penoso y unas sentencias escasas.

Se estima que en España el 15% de los niños y 23% de las niñas sufren algún tipo de delito sexual, pero la mayoría no se denuncian, según AADAS y basándose en estudios de la Universidad de Salamanca y del Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia. En 8 de cada 10 casos el agresor es un conocido y en casi la mitad de éstos es un miembro de la misma familia.

Tras el sufrimiento humano, empieza un largo proceso judicial que suele durar entre dos y cinco años, y en el que las víctimas tienen que revivir los hechos. “Existe un protocolo de actuación que permite que el menor sólo declare una vez, grabando las imágenes en vídeo pero el juez puede actuar libremente”, señala Lara Padilla, presidenta de AADAS.

Al final, el menor tiene que describir lo sucedido ante la policía, el juez instructor, el médico forense, el psicólogo que medirá las secuelas, y en el juicio oral. “Es una tortura para el menor”, afirma Marina González, psicóloga de AADAS. “Las repercusiones abarcan desde vulnerabilidad, incomprensión, experimentación del suceso traumático y miedo hasta insomnio, pesadillas, trastornos de alimentación y bajo rendimiento escolar”, dice González.

Desinterés político

Según Padilla, la última reforma legal “sólo consiguió que pusieran una mampara para proteger la identidad de los menores que declaran como testigos”, inoperancia que achacó al “gravísimo desinterés político de los partidos”, de los que asegura que no responden a sus peticiones.

Además de agilizar el proceso, AADAS también reclamó este jueves un aumento de las penas actuales. En el caso de la prostitución infantil una sentencia máxima que puede imponer un juez es de apenas cuatro años y en la posesión de material pornográfico de un máximo de un año, es decir, que el condenado ni entra en la cárcel, si no tiene antecedentes.

La cifra

Hasta 5 años puede durar un proceso judicial aunque el mínimo se sitúa en torno a los dos años. La Asociación de Asistencia a Mujeres Agredidas Sexualmente (AADAS) reclama que se agilice estos de procesos para que las víctimas “puedan pasar página y continuar con su vida”.

(adn.es 3 mayo 2007)

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